Desde las políticas hacia las prácticas a través de la Educación Social.*
La ciudadanía, en tanto que “estatuto político” y “práctica social” que mejor ilustra el soporte ético y moral del mundo moderno, es un referente clave de la educación y de las políticas habilitadas al efecto de proyectar sus logros. No en vano, son muchas las consignas políticas y sociales que transfieren a la educación el cometido de formar ciudadanos capaces de ejercer sus deberes y sus derechos de manera activa y responsable. Cuando menos, así lo reclamaban los niños y las niñas del mundo, en la Sesión Especial en favor de la Infancia de la Asamblea de las Naciones Unidas, al reivindicar su derecho a proveerse de una “educación para la vida que vaya más allá del plano académico y que incluya lecciones en comprensión, derechos humanos, paz, aceptación y ciudadanía activa”.
No en vano, son numerosas las declaraciones, normativas y legislaciones que vienen siendo promulgadas en los últimos años, con el fin de promover “la ciudadanía a través de la educación”. Un propósito al que han dedicado sus máximos empeños tanto la UE, bajo el lema de “aprender a vivir la democracia”, y la propia UNESCO, a través de su Programa mundial para la educación en derechos humanos. Así, el derecho a una educación en y para la conquista de “los derechos de ciudadanía” se asume como uno de los viejos y nuevos desafíos, tanto de las instituciones escolares del sistema educativo como de los múltiples tiempos y espacios sociales que han ido cobrando cada vez un mayor sentido y significado educativo, gracias a la activación de lo que hemos dado en llamar Educación Social. Por ello, y en tanto que aspiramos a promover una educación que dé propuestas y que también dé respuestas, resulta oportuno descender al modo en que todas estas intenciones declarativas se concretan en diferentes Planes o Programas de Acción, que a nivel nacional e internacional determinan las orientaciones y los principios de actuación en materia de infancia y adolescencia. A tal fin, y asumiendo que nos encontramos ante una tarea que se encuentra sometida a la revisión de sus enfoques y propuestas, estimamos de interés atender a dos grandes aspectos:
- En primer lugar, a la (necesidad de una) incorporación de la infancia a las sucesivas generaciones de derechos políticos, sociales, económicos, culturales, ambientales, etc. que han de ser tomadas en consideración como defensas y garantías cívicas de una política pública volcada con el firme proyecto de ofrecer mejores futuros a y para la infancia;
- En segundo lugar, a la lectura detenida de los contenidos afirmados en el terreno de las políticas educativas de infancia y a sus desarrollos prácticos, aspirando a ofrecer una mirada alternativa de los retos que conlleva para la Educación Social; sin desatender aquí sus implicaciones en la promoción de un mayor bienestar individual y colectivo de los niños y las niñas, de la plena inclusión social de todos y todas, así como de la erradicación de todo tipo de pobrezas y exclusiones.
*Laura Varela Crespo, Pablo Montero Souto y Yésica Teijeiro Bóo
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