Comisión Asesora de Política Criminal Vuelve Trizas Proyecto de Cadena Perpetua*
El proyecto de cadena perpetua para violadores y asesinos de niños es irracional, es altamente inconveniente y es inconstitucional, esa es la conclusión de la Comisión Asesora creada por Germán Vargas Lleras para aconsejar al Gobierno en política criminal. A puerta cerrada, Vargas Lleras dijo que estaba de acuerdo con los argumentos de la Comisión. Si el Ministro sostiene hacia afuera esta misma posición, quiere decir que el proyecto de la senadora Gilma Jiménez se quedó sin el respaldo del Gobierno.
Esta comisión, integrada por los juristas Yesid Reyes, Iván González, Rodrigo Uprimny, Camilo Sampedro, Carlos Guillermo Castro, Julissa Mantilla y Fernando Velásquez, estudió el proyecto de ley de referendo impulsado por la senadora del Partido Verde Gilma Jiménez con el respaldo de más de dos millones de firmas ciudadanas. Y su evaluación es funesta para la iniciativa.
La Comisión critica el proyecto de cadena perpetua tanto en la forma como en el fondo.
En la forma, rebate el argumento de que, por ser una iniciativa de referendo el Congreso, debe respetar la voluntad de las dos millones de firmas y aprobarlo sin examinar su constitucionalidad o conveniencia.
“[El Congreso] debe reflexionar sobre la pertinencia, la conveniencia y la justicia de las iniciativas, y no simplemente aprobarlas con el argumento de que tienen amplio respaldo popular.”
También señala la paradoja que atraviesa el proyecto: si el Congreso lo aprueba con el texto que le presentaron a los ciudadanos que firmaron a favor del proyecto, este sería totalmente inconstitucional puesto que le impondría automáticamente la cadena perpetua al que matara, violara, maltratara severamente, secuestrara o explotara sexualmente a menores de 14 años o a menores de 18 años discapacitados.
“Una pena imperativa y automática de ese alcance para esos delitos es del todo irracional, pues —sin importar las circunstancias en que se cometan, el grado de culpabilidad del autor, o la diversidad misma de las conductas punibles señaladas—, siempre habría lugar a imponer la cadena perpetua”.
La Comisión concluye esto de manera categórica puesto que, hace exactamente un año, la Corte Constitucional tumbó una norma que era prácticamente idéntica con estos mismos argumentos.
Pero si el Congreso –en palabras de la Comisión– “intenta reducir su irracionalidad”, modificando el texto para que diga que la pena para esos delitos puede ir “hasta” la cadena perpetua para que no se aplique de manera automática a todos los casos y respete esa proporcionalidad y gradualidad, entonces también sería inconstitucional. Puesto que ya la Corte ha dicho que no se puede alterar de manera sustancial el texto con base en el cual fueron recogidas las firmas y es claro que la gente que firmó quería la cadena perpetua para los violadores y no que fuera el juez el que juzgara la gravedad de la pena que se merecía cada caso.
No solo lo dijo la Corte cuando tumbó el referendo que permitía la segunda reelección de Uribe sino también cuando declaró inexequible la ley que en 2009 permitía la cadena perpetua para violadores -y sobre la cual la iniciativa de la senadora Jiménez es calcada-, ya que en ese caso también decidieron modificar el texto que le habían presentado originalmente a los ciudadanos.
“Por ambas vías, entonces, la conclusión que se impone es que este Proyecto de Ley 206 de 2010 debe ser archivado por inconstitucional. La Comisión Asesora estima que el Congreso de la República debería, de una vez por todas, evitar el desgaste que para el país implica aprobar un Proyecto que, todo lo indica así, va camino a ser declarado inconstitucional, porque pisotea la entraña misma de la Carta Fundamental”.
*Por Juanita León en La Silla Vacía.
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